La Ley 20.393 Modelo de Prevención de Delitos, vigente en Chile desde el año 2009, introdujo por primera vez en el país la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto significa que, desde su promulgación, las empresas pueden ser penalmente responsables por determinados delitos cometidos por sus directivos, ejecutivos o colaboradores, cuando estos actos se realicen en su beneficio directo o indirecto.

Esta ley marcó un hito en el marco jurídico chileno, alineando la legislación con estándares internacionales de compliance corporativo.

Actualmente, la Ley 20.393 abarca una serie de delitos que han ido ampliándose a lo largo del tiempo. Algunos de los principales son:

• Delitos de cohecho (nacional e internacional)
• Lavado de activos
• Financiamiento del terrorismo
• Receptación
• Delitos contra la salud pública
• Delitos medioambientales
• Delitos informáticos (según modificaciones recientes)
• Infracciones a la ley de pesca y acuicultura (en sectores específicos)

El Modelo de Prevención de Delitos (MPD) es una estructura interna que las empresas pueden implementar para prevenir, detectar y reaccionar ante la comisión de delitos contemplados en la Ley 20.393. Este modelo debe ser diseñado de forma específica, considerando el rubro, tamaño y complejidad de cada organización.

Implementar un MPD adecuado permite a la empresa eximirse o atenuar su responsabilidad penal. Para que el Modelo de Prevención de Delitos sea considerado válido y eficaz, debe contener al menos los siguientes elementos:

• Identificación de riesgos: Análisis de los procesos críticos donde pueden ocurrir delitos.
• Designación de un encargado de prevención: Persona responsable de liderar y supervisar el cumplimiento del modelo.
• Implementación de protocolos y códigos de conducta: Normas internas que previenen actos ilícitos.
• Implementar canales de denuncia: Mecanismos seguros para reportar posibles irregularidades.
• Capacitación de colaboradores: Clave para que todos los niveles de la organización comprendan la ley y sus implicancias.
• Monitoreo y auditoría constante: Evaluaciones periódicas para garantizar el cumplimiento.

• Evita sanciones penales y económicas: Las sanciones por no contar con un modelo pueden incluir multas, cancelación de personalidad jurídica o la prohibición de contratar con el Estado.

• Protege la reputación corporativa: Un escándalo penal puede afectar gravemente la imagen de marca.
• Fomenta la cultura ética y de cumplimiento: Ayuda a construir entornos laborales más responsables y sostenibles.
• Favorece la competitividad: Muchas empresas nacionales e internacionales exigen estándares de compliance para establecer relaciones comerciales.

Importancia de la capacitación laboral en las normativas vigentes

Toda empresa, independiente de su tamaño o rubro, puede estar sujeta a la Ley 20.393 si se comete un delito en su beneficio. Sin embargo, las medianas y grandes empresas, así como aquellas que participan en licitaciones públicas o tienen relaciones con el extranjero, deben prestar especial atención a esta normativa.

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